Basta seguir las noticias que dan cuenta de los conflictos sociales que han protagonizado recientemente los jóvenes indignados en España o los indignados jóvenes universitarios en muy diversos países del mundo, para darnos cuenta de la esencia destructiva de las reformas en curso. Se trata de la aparición de la “Universitas calamitas”, institución “neo-liberalizada” de su pasado ilustrado, pues su transformación implica pérdida, daño, empobrecimiento, precariedad y desastre. Esta depredación institucional, pues es efectuada con la complicidad de los funcionarios universitarios contra la universidad misma, se enfrenta a una creciente resistencia social de la que abundan los ejemplos:
- Encabeza la lista el destacado movimiento estudiantil en Chile, que ha sabido defender el carácter público de la universidad y el conocimiento, frente a las intenciones del gobierno de Piñeira para profundizar la privatización y mercantilización de la educación (brotes similares se aprecian ya en Colombia, Brasil, Honduras y Paraguay);
- En países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, se registran fuertes protestas por los recortes presupuestales, el incremento de cuotas y el descontento de las familias debido al creciente endeudamiento que enfrentan para intentar cubrir los créditos educativos, esas nuevas “hipotecas del saber” in crescendo;
- El plan Bolonia con su “Espacio Europeo de Educación Superior” ha provocado diversas manifestaciones de rechazo, como lo muestra la férrea oposición a la reforma educativa y universitaria en España, las protestas crecientes por el desempleo, la precariedad y la inestabilidad laboral de los docentes en Portugal y de movimientos similares en Italia, Grecia, Francia y Alemania.
- México también es parte de este escenario. Aunque se quiera negar, están a la vista una infinidad de conflictos sumergidos –pero aflorando– por la deficiente cobertura del sistema universitario, que ha propiciado la organización de los jóvenes rechazados y excluidos a lo largo y ancho del país, pero también debido a la arbitrariedad endémica de grupos de poder que se sienten dueños de la universidad, haciendo de la legislación universitaria –siempre que conviene– letra muerta, como se aprecia, por ejemplo, en los conflictos de los últimos meses en la Universidad Juarez del Estado de Durango, las universidades de Baja California y Baja California Sur, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el conflicto irresuelto y agravado de nuestra UAM-Cuajimalpa.
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